Antes de su visita a México y Guatemala, en su primer viaje al extranjero, la vicepresidenta Kamala Harris enfrentó preguntas sobre cómo enfocaría su papel como emisaria del plan del presidente Joe Biden para apuntalar la región y disuadir la migración a Estados Unidos.
Harris sincera en cuanto a la necesidad de abordar las causas fundamentales que impulsan a los migrantes a emprender el largo y peligroso viaje hacia el norte desde Centroamérica, a pesar de los cientos de millones de dólares gastados por Estados Unidos para mejorar las perspectivas en la región. En Guatemala, anunció que Estados Unidos ayudará a un panel anticorrupción que ha sido denunciado por el presidente Alejandro Giammattei, incluso frente al líder guatemalteco.
La Administración Biden parece comprender que para millones de centroamericanos abandonar su país de origen no responde a un capricho, sino a una acción a la que se ven forzados, debido los altos índices de pobreza, inseguridad y corrupción, entre otros.
De acuerdo con datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el arribo de extranjeros, principalmente provenientes de México y América Central, pasó de cerca de 7.000 el pasado enero a alrededor de 19.000 en febrero. Los cruces de menores y adolescentes no acompañados se han disparado este año, el gobierno de Biden se ha apoyado en una norma de emergencia instituida por el expresidente Donald Trump que faculta a los agentes fronterizos a rechazar rápidamente a los migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo. La orden, implementada después del brote de coronavirus, justifica las expulsiones como medida sanitaria para evitar la propagación del virus.